Allanamiento en el Banco Nación: Documentación en manos de la Justicia desde hace días

Las recientes acusaciones de irregularidades en el Banco de la Nación Argentina (BNA) han generado un escándalo que ha llegado hasta los tribunales. Según fuentes cercanas a la presidenta de la entidad, Silvina Batakis, la documentación solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan, que condujo al allanamiento de la casa matriz del banco, ha estado en manos de la Justicia desde el miércoles 27 de septiembre pasado. Además, se informó que la propia Batakis ha pedido una investigación interna para esclarecer los hechos.

El caso se inició a raíz de una denuncia realizada por la diputada nacional Graciela Ocaña ante el juzgado federal 9, a cargo de Daniel Rafecas. El juez derivó la denuncia al fiscal, quien procedió con el allanamiento de la entidad bancaria e imputó a Silvina Batakis y a la gerente general del BNA, María del Carmen Barros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. Además, se han dispuesto una serie de medidas de prueba.

Según la denuncia, que se originó a partir de información presentada en el programa «Periodismo para Todos» el domingo 24 de septiembre, Batakis y Barros habrían actuado sin el aval del directorio del banco al contratar a Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’, por la suma de $1,800,000. Además, se les acusa de designar a Héctor Javier Silva, ex esposo de Batakis, como Gerente de Sistemas del BNA, y a Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, en una gerencia en la casa matriz del banco.

El fiscal Marijuan también cuestiona el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, como Gerente Departamental del BNA, así como la autorización de Batakis para que Barros reciba diversos beneficios que suman un salario mensual de aproximadamente $9 millones. También se menciona que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, percibe $700,000 a pesar de no cumplir con sus obligaciones laborales de manera regular.

En defensa de la presidenta Batakis, fuentes del banco destacaron que el directorio desconocía por completo la contratación de Verónica Laura Asad, ya que se trató de una competencia de la gerencia. Además, se defendió la contratación de Héctor Javier Silva, destacando su experiencia y especialización en el área de sistemas, y se afirmó que su nombramiento fue aprobado por el Directorio.

Sobre los ingresos de María del Carmen Barros, se argumentó que están en línea con los salarios del mercado para funciones equivalentes en otras entidades bancarias y que tanto los directores como la presidenta perciben salarios considerablemente menores que los funcionarios de rango equivalente en el ámbito estatal.

Desde el Banco de la Nación Argentina se enfatizó que la entidad no recibe fondos a través de impuestos ni ayuda del Estado Nacional, sino que opera de manera autónoma, siguiendo la Ley de Entidades Financieras de 1977, y se encuentra en una situación financiera sólida y superavitaria. La investigación continúa, y se espera que se esclarezcan los hechos en los próximos días.